En 2022, alrededor del 37 % de los ingresos fiscales del país se derivó de esta vía, lo que destaca el papel vital de la estabilidad fiscal para atraer más inversiones.
Las empresas de inversión extranjera ocupan una posición importante e integral en la economía dominicana, ejerciendo una influencia fundamental en el desarrollo y crecimiento de la nación. A través de sus valiosas inversiones, estas empresas contribuyen no solo a la vitalidad económica, sino que también establecen una red de empleo, divisas y recaudación de impuestos que fortalece los cimientos del país.
La información presentada en la “Guía de Inversiones”, publicada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) en septiembre de 2022, destaca la potencia y trascendencia de los inversionistas extranjeros. Estas empresas, directa o indirectamente, fueron responsables de aproximadamente el 37% del total de los ingresos tributarios del país. Su impacto también es evidente en las exportaciones nacionales, que representan aproximadamente el 71% de éstas y contribuyen con un sustancial 22,5% a la seguridad social del sector privado.
Según datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD), los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron la impresionante cifra de US$4,010.4 millones en 2022. Estas estadísticas no solo revelan la confianza e interés que las empresas extranjeras tienen en República Dominicana, sino también la firme posicionarlos como contribuyentes vitales a la economía nacional, reforzando las reservas de divisas.
En particular, las empresas de inversión extranjera se encuentran entre los cuatro principales sectores cruciales para atraer divisas al país.
Promulgada el 20 de noviembre de 1995, la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera sirve como principio rector para el desarrollo. Desde su inicio, esta legislación previó que la inversión extranjera sería un catalizador que impulsaría el progreso económico del país. Al eliminar las barreras previamente existentes que impedían el flujo de capital, la ley abrió vías para la inversión extranjera en múltiples sectores, salvo aquellos vinculados a la seguridad nacional. Dada su importancia para la economía, la República Dominicana debe asegurar el respeto de los derechos y responsabilidades de las empresas extranjeras que opten por establecer aquí su presencia.
Los expertos destacan la necesidad de que las autoridades garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias que establece la ley, así como el cumplimiento de los convenios y contratos que se celebren con estas empresas, que son fundamentales para el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos.
Una responsabilidad indiscutible radica en asegurar la estricta observancia de los derechos y deberes de las empresas extranjeras. En este contexto, la estabilidad jurídica emerge como un pilar crítico para asegurar la presencia duradera de estas empresas y su contribución duradera al crecimiento sostenible del país.
Fundamentalmente, los parques de zonas francas forman una parte integral del ecosistema empresarial y albergan numerosas empresas con inversión extranjera. Más allá de generar oportunidades de empleo, estos parques sirven como fuentes continuas de ingreso de divisas al país. Para prosperar en suelo dominicano, requieren seguridad jurídica, incentivos apropiados y una carga fiscal justa.
En 2022, alrededor del 37 % de los ingresos fiscales del país se derivó de esta vía, lo que destaca el papel vital de la estabilidad fiscal para atraer más inversiones.
Las empresas de inversión extranjera ocupan una posición importante e integral en la economía dominicana, ejerciendo una influencia fundamental en el desarrollo y crecimiento de la nación. A través de sus valiosas inversiones, estas empresas contribuyen no solo a la vitalidad económica, sino que también establecen una red de empleo, divisas y recaudación de impuestos que fortalece los cimientos del país.
La información presentada en la “Guía de Inversiones”, publicada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) en septiembre de 2022, destaca la potencia y trascendencia de los inversionistas extranjeros. Estas empresas, directa o indirectamente, fueron responsables de aproximadamente el 37% del total de los ingresos tributarios del país. Su impacto también es evidente en las exportaciones nacionales, que representan aproximadamente el 71% de éstas y contribuyen con un sustancial 22,5% a la seguridad social del sector privado.
Según datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD), los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron la impresionante cifra de US$4,010.4 millones en 2022. Estas estadísticas no solo revelan la confianza e interés que las empresas extranjeras tienen en República Dominicana, sino también la firme posicionarlos como contribuyentes vitales a la economía nacional, reforzando las reservas de divisas.
En particular, las empresas de inversión extranjera se encuentran entre los cuatro principales sectores cruciales para atraer divisas al país.
Promulgada el 20 de noviembre de 1995, la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera sirve como principio rector para el desarrollo. Desde su inicio, esta legislación previó que la inversión extranjera sería un catalizador que impulsaría el progreso económico del país. Al eliminar las barreras previamente existentes que impedían el flujo de capital, la ley abrió vías para la inversión extranjera en múltiples sectores, salvo aquellos vinculados a la seguridad nacional. Dada su importancia para la economía, la República Dominicana debe asegurar el respeto de los derechos y responsabilidades de las empresas extranjeras que opten por establecer aquí su presencia.
Los expertos destacan la necesidad de que las autoridades garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias que establece la ley, así como el cumplimiento de los convenios y contratos que se celebren con estas empresas, que son fundamentales para el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos.
Una responsabilidad indiscutible radica en asegurar la estricta observancia de los derechos y deberes de las empresas extranjeras. En este contexto, la estabilidad jurídica emerge como un pilar crítico para asegurar la presencia duradera de estas empresas y su contribución duradera al crecimiento sostenible del país.
Fundamentalmente, los parques de zonas francas forman una parte integral del ecosistema empresarial y albergan numerosas empresas con inversión extranjera. Más allá de generar oportunidades de empleo, estos parques sirven como fuentes continuas de ingreso de divisas al país. Para prosperar en suelo dominicano, requieren seguridad jurídica, incentivos apropiados y una carga fiscal justa.
En última instancia, si las empresas perciben una carga fiscal onerosa en la República Dominicana, podrían optar por trasladar sus operaciones a países que ofrezcan mayores ventajas fiscales y una mayor rentabilidad. Hay muchos casos para señalar:
Entre 2015 y 2021, varias naciones latinoamericanas, incluidas Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador, presenciaron la salida de empresas con inversión extranjera debido a alteraciones en el panorama regulatorio, que incluyeron aumentos de impuestos y cambios que afectaron la seguridad jurídica y la previsibilidad empresarial.
Durante los años mencionados, Argentina promulgó políticas que aumentaron la carga tributaria e introdujeron incertidumbre en el ámbito empresarial. Escenarios comparables también se observaron en Brasil.