El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, entregará el poder al presidente electo Bernardo Arévalo de León en medio de un mandato de cuatro años empañado por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra rivales políticos.

Giammattei deja el cargo con baja aprobación pública y promesas incumplidas sobre corrupción, desnutrición e infraestructura. Su aprobación de un controvertido presupuesto estatal y de un decreto que otorga seguridad y vehículos a los ministros durante cinco años ha generado preocupación.

La renovación por parte de Giammattei del mandato de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, generó acusaciones de injerencia en los resultados electorales.

La administración también enfrentó críticas por supuesta mala gestión de fondos durante la pandemia de COVID-19. La decisión de Giammattei de convertirse en diputado regional del Parlamento Centroamericano tiene como objetivo garantizar inmunidad frente a investigaciones de corrupción hasta 2028.

El presidente entrante, Arévalo de León, prevé un ejecutivo debilitado y promete derogar decisiones que considera irresponsables. La crisis política se intensifica con los intentos de anular la victoria electoral de Arévalo de León.

La Unión Europea considera sanciones contra fiscales guatemaltecos que obstaculizan la toma de posesión. Estados Unidos envía una delegación, encabezada por Samantha Power y Brian Nichols, a la toma de posesión después de amenazar con suspender la cooperación si Arévalo de León no presta juramento el domingo.