El juez Rigoberto Sena, a cargo de la Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó la prisión preventiva de cinco de los 12 imputados implicados en una red de corrupción que supuestamente operaba al interior de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta red fue desmantelada a través de la Operación Gavilán.
El Ministerio Público acusa a estas personas de participar en una red ilegal encargada de borrar registros de personas con antecedentes penales, incluidos cargos como narcotráfico, asesinato, robo, homicidio y violaciones sexuales. Los imputados identificados como Mártires Rosario Reyes (personal de apoyo del sistema de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación) y Alfredo Mirambeaux Villalona (encargado de la División de Administración de la Base de Datos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Fiscalía). Oficina del General) se cree que son los líderes de esta organización criminal.
Los otros imputados, incluyendo personas no empleadas directamente por el Ministerio Público, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Su prisión preventiva fue cambiada por arresto domiciliario, con restricciones de salida del país y garantías económicas. En ese contexto, la coordinadora de la Fiscalía Independencia, Pilar Yrenes Medina Trinidad, fue puesta bajo arresto domiciliario.
El juez consideró que el caso era complejo y rechazó todas las mociones de la defensa. Adicionalmente, se señala que alrededor de siete fiscales también están siendo investigados en el caso Gavilán, y el Ministerio Público tiene previsto solicitar la designación de un juez especial para estas personas de acuerdo con el marco legal establecido para juzgar a los servidores públicos del sistema de justicia.