La jueza suplente Miolany Herasme Morillo impuso diversas medidas legales a los representantes y administradores de Vidal Plast SRL, empresa vinculada a un incidente de explosión en San Cristóbal. Estas medidas incluyen una garantía económica, restricciones de viaje, informes periódicos y, en un caso, la colocación de un grillete electrónico como forma de coerción.
El juez rechazó un pedido de un año de prisión preventiva para el señor Edward Armando Vidal Garrido, alegando que sería desproporcionado dada la naturaleza del cargo que enfrenta, que es el de homicidio involuntario con una potencial pena de prisión que oscila entre 3 meses y 2 años. . El juez también destacó el principio de igualdad ante la ley y el hecho de que los tres acusados enfrentaban las mismas acusaciones.
El juez Herasme Morillo consideró factores como los vínculos familiares, sociales y laborales de los imputados, así como su capacidad para ser localizados e identificados. En definitiva, la decisión del juez se basó en los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
El juez declaró complejo el caso e impuso estas medidas coercitivas porque existen indicios que vinculan inicialmente a los imputados con el hecho, pues son representantes y administradores de Vidal Plast SRL. A Edward Armando Vidal Garrido se le exigió el pago de 300.000 pesos en efectivo y portar un grillete electrónico, mientras que a Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval se les exigió una garantía económica de un millón de pesos cada una a través de una compañía de seguros. También deberán informar el último viernes de cada mes.
La explosión, ocurrida el 14 de agosto, provocó la trágica pérdida de 37 vidas y heridos en la provincia de San Cristóbal. Vidal Plast SRL fue identificada como el lugar de la explosión debido a la presencia de sustancias inflamables.