El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) realizó una marcha de protesta, exigiendo que se destine a la justicia el 4,10 por ciento del Presupuesto Nacional.
Miguel Surun Hernández, presidente de la asociación, aseveró que el Poder Judicial y la Fiscalía General están siendo coaccionados por el Poder Ejecutivo para proponer planes presupuestarios muy por debajo de los porcentajes exigidos por la Ley 194-04, que salvaguarda la Independencia y Autonomía Presupuestaria.
Destacó que la falta de recursos es la principal causa de las precarias condiciones que padecen 18.000 detenidos en prisión preventiva, así como de los prolongados procesos judiciales derivados de la escasez de fiscales, jueces y personal de apoyo, que no pueden ser contratados por limitaciones económicas.
“Las limitaciones de recursos han impedido la instalación de más de 400 juzgados sancionados por legislación especial, dejando a muchos juzgados existentes funcionando en condiciones deplorables. Los fiscales y demás personal del Ministerio Público reciben magros salarios y carecen de los recursos necesarios para combatir la delincuencia”, explicó. el experto en derecho.
Surun Hernández señaló además que la escasez de recursos ha impedido la contratación de 1.200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías planificadas, lo que efectivamente asfixia económicamente al sector judicial.
El dirigente gremial enfatizó que en República Dominicana no se puede reivindicar una verdadera independencia judicial mientras los poderes públicos, incluidos el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, persistan en estrangular al sistema judicial, desconociendo lo dispuesto en la Ley 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria.