En un lapso de siete años, República Dominicana ha deportado o repatriado al 104% de los haitianos que residían irregularmente en el país. Estos datos se basan en las estadísticas de operaciones reportadas por las autoridades migratorias, en comparación con los datos estatales sobre migrantes.
Desde 2017 hasta principios de julio de 2023, la Dirección General de Migración ha deportado y/o repatriado un total de 593.002 personas.
Curiosamente, esta cifra supera el cómputo total de todos los extranjeros que residen en el país, que se ubica en 570.933, según la última Encuesta Nacional de Migrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadística en 2017. Esto indica que la población nacida en Haití es de aproximadamente 87,2 % En otras palabras, el número estimado de haitianos viviendo en RD era 497,825. La disparidad significativa plantea dudas sobre si todos estos haitianos tenían un estatus migratorio irregular.
La crisis política, social y económica en Haití, particularmente agudizada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en otras partes del mundo, siendo República Dominicana un destino principal.
En respuesta a la crisis, el Gobierno dominicano, bajo la presidencia de Luis Abinader, ha llamado constantemente a la comunidad internacional en varios foros, incluida la Asamblea de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Caribe Comunidad (Caricom), y la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para encontrar una solución a la grave crisis que afecta a Haití.
Simultáneamente, según diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos, el gobierno ha implementado una estricta estrategia para expulsar del territorio nacional a los haitianos en situación migratoria irregular. Esta estrategia ha afectado no solo a las mujeres en avanzado estado de gestación, incluidas las parturientas que han sido retiradas de los hospitales, sino también a los menores no acompañados y dominicanos de ascendencia haitiana. Estas acciones se han relacionado con el impacto de la sentencia 168/13 de la Corte Constitucional y la ley 169-14, que buscaba devolver la nacionalidad a los afectados por la sentencia.
Recientemente, organizaciones que abogan por la comunidad haitiana en República Dominicana han expresado su preocupación por la política migratoria “racista y violatoria de los derechos humanos” dirigida a este grupo. Han denunciado las condiciones de detención y prácticas como arrestos en maternidades. Los grupos han expresado su creencia de que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o vulnerables, lo que lleva a una forma de ‘apartheid’ o segregación racial.
La cantidad de personas que han entrado y salido de Haití a través de puertos fronterizos y aeropuertos se ha asociado con la trata impune. A la luz de esta situación, la próxima encuesta de migrantes, programada para este año, será de suma importancia ya que proporcionará información sobre el alcance de la migración haitiana en el país.
Sin embargo, los datos proporcionados por Migración, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, generan inquietudes sobre la efectividad y realidad de los operativos migratorios. Se han presentado numerosas denuncias sobre extorsión, soborno, arbitrariedad y violación de los derechos humanos, en particular contra mujeres embarazadas, niños y dominicanos de piel negra.
El canciller Roberto Álvarez enfatizó la necesidad de tomar medidas serias contra el tráfico de migrantes, señalando que los traficantes no están siendo sancionados de la manera ejemplar que deberían ser.
Según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), entre enero de 2017 y junio del presente año, el Estado dominicano emitió 547,563 documentos de diferentes categorías a ciudadanos haitianos a través de los consulados en Anse A Pitre, Belladere, Cap Haitien, Juana Méndez y Puerto Príncipe. Durante este período ingresaron al territorio nacional 1.698.949 personas por los puertos fronterizos de Carrizal, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. El número total de salidas notificadas fue de 1.331.981.
En cuanto a los aeropuertos, ingresaron 177.986 personas y salieron 264.960, según datos de la Dirección de Migración, que no precisó las nacionalidades de los ciudadanos involucrados.
La Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) realizó el Operativo Frontera, que permitió desarticular una red delictiva organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos en las provincias de Monte Cristi y Dajabón. Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna fueron señalados como cabecillas de la red.
Los abusos y violaciones han sido documentados a través de videos, fotos y audios que circulan en las redes sociales y la prensa nacional, como lo destacan las organizaciones de la sociedad civil. Estos incidentes representan un estado de excepción en lo que respecta a los derechos de la comunidad de inmigrantes haitianos, los dominicanos de ascendencia haitiana y cualquier persona negra identificada erróneamente como haitiana por los agentes de inmigración, la policía y el ejército.
Las prácticas denunciadas incluyen allanamientos ilegítimos a inmuebles y domicilios particulares, realizados de madrugada y sin orden judicial. Agentes de inmigración, policías y personal militar ingresan por la fuerza a las instalaciones, rompiendo candados y puertas. En el proceso, se dedican a la extorsión y robo de efectos personales, como teléfonos celulares, dinero, motocicletas y otras posesiones.
En casos específicos, como en la provincia de Barahona, las casas de cientos de migrantes fueron destruidas y los dueños fueron detenidos por la mera sospecha de allanamiento. Incluso personas con documentos de identidad en regla, incluidos menores nacidos en la República Dominicana, fueron detenidas y deportadas a Haití, a pesar de su estatus legal en el país.
El canciller Álvarez reconoció que pueden existir casos aislados de violaciones a los derechos humanos que tendrían que ser sancionados por las autoridades, pero afirmó que no es un tema de política nacional.
La violación de la privacidad, los allanamientos y la detención de personas por su apariencia o presunta nacionalidad han causado gran angustia y temor entre las comunidades afectadas. Estas acciones se llevan a cabo sin los debidos procedimientos legales y sin fiscales acompañantes. Los incidentes suelen ocurrir en las primeras horas de la mañana, lo que genera una mayor ansiedad y miedo entre los afectados. Además, las personas afectadas han denunciado incidentes de robo y extorsión por parte de agentes migratorios durante estos operativos.
Estas violaciones a los derechos humanos han impactado particularmente a personas en las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos y personas afectadas por estas acciones.