El senador Dionis Sánchez, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto de ley para crear la Dirección Nacional de Inteligencia (hoy Ley 1-24), consideró la ley como un ataque a la Constitución antes de presentar el informe para su aprobación.

A pesar de ser consciente de posibles conflictos con el derecho sustantivo, la comisión procedió a aprobar el informe durante una reunión celebrada el 9 de enero. Al día siguiente, Sánchez solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día del Senado, que posteriormente fue aprobado por el pleno, dando lugar a su promulgación como ley.

La comisión se reunió sólo una vez para revisar las correcciones hechas por la Cámara de Diputados, y se observaron discrepancias técnicas, incluidos cambios de «inteligencia» a «información» en ciertas secciones. Los senadores debatieron el significado de estos términos y surgieron preocupaciones sobre posibles modificaciones realizadas por los diputados sin justificación sustancial.

El director técnico de Revisión Legislativa había informado a la comisión sobre los cambios tanto de fondo como de forma del proyecto de ley.