Alejandra Gutiérrez y Rafael Hernández son solo dos personas entre los muchos afectados por lo que describen como los despidos irregulares ordenados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) durante la actual administración de gobierno.

Ambos profesionales visitaron al director de esta publicación, Nelson Rodríguez, para resaltar su impecable trayectoria dentro de la organización, sin problemas disciplinarios y con evaluaciones positivas de desempeño. Argumentan que sus despidos violaron normas como la Ley 314-64, que establece que los diplomáticos con más de 10 años de servicio ininterrumpido son considerados diplomáticos de carrera.

Además, señalan que la institución no se ha adherido a las sentencias de órganos judiciales como el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que han ordenado su reintegro, y cuyas decisiones son definitivas.

Alejandra Gutiérrez informó que fue despedida hace dos años de su cargo como jefa de la división de Visas de Mirex mientras estaba en proceso de ser considerada para el servicio en el extranjero, habiendo servido como cónsul tres veces en Europa. Incluso estaba en medio de completar el curso de capacitación requerido para profesionales asignados a roles de servicio exterior. La noticia de su despido fue una sorpresa durante este proceso.

Gutiérrez refutó el argumento de la institución para su destitución, que citó su cargo como sujeto a libre remoción, explicando que esta categoría se limita a cargos específicos como asesores legales y gobernadores, quienes asumen sus funciones con el inicio de una nueva administración.

Rafael Hernández, por su parte, manifestó que fue despedido en octubre de 2020 pero tuvo que seguir laborando hasta fines de enero de 2021 por falta de un suplente para cumplir con sus funciones. Él, como otros colegas, estuvo involucrado en el servicio exterior desde 1996 y desempeñó varios roles importantes, incluido el de cónsul en Brasil y Francia, así como el de jefe de misiones consulares en Bélgica y Suiza.

Ambos individuos afirman que sus despidos violaron la ley constitucional y los procedimientos establecidos para la remoción de funcionarios públicos.

Alrededor de 110 personas, parte del colectivo afectado por estos despidos irregulares, continúan exigiendo reintegros, liquidaciones y pensiones. Pretenden llevar sus denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, partidos políticos de oposición y delegaciones diplomáticas en el país.