
Luis Henry Molina, presidente de la Corte Suprema de Justicia (SCJ), asistió al acto inaugural de la Reunión Extraordinaria de la Cumbre Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC) celebrada en Panamá. Molina, quien actualmente ocupa la presidencia Pro Tempore de la CJCC para el período 2023-2024, enfatizó la necesidad de contar con sistemas judiciales robustos, contemporáneos y resilientes para defender el Estado de Derecho y salvaguardar los derechos.
Molina reconoció los desafíos diarios a la integridad institucional que enfrentan los países de la región. He propuesto que un enfoque eficaz para enfrentar estos desafíos es reforzar los ejercicios legales y los sistemas de justicia. Destacó el compromiso de la CJCC de abordar de manera colaborativa preocupaciones críticas, incluido el acceso equitativo a la justicia para las poblaciones vulnerables, procedimientos legales transparentes, justicia restaurativa y desarrollo sostenible. Estos esfuerzos se alinean con las iniciativas de modernización de los sistemas judiciales.
Transmitió el enfoque de República Dominicana en tres aspectos centrales compartidos por todas las naciones de la región: combatir los retrasos judiciales, garantizar el acceso universal a la justicia y mejorar la transparencia de los poderes judiciales. Molina detalló cómo están empleando grupos de trabajo especializados y plataformas en línea para avanzar hacia estos objetivos esenciales de manera coordinada.
María Eugenia López Arias, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, destacó que en la reunión extraordinaria se deliberarán temas relacionados con el futuro de la justicia. Además, la jueza Rebeca Lizette Obando, presidenta de la Corte Suprema de Honduras, enfatizó que los países participantes abordarían conjuntamente objetivos mutuos.
Molina propuso a Trinidad y Tobago, Guyana y Jamaica como nuevos miembros observadores del Consejo de la CJCC, moción que presentó a la Secretaría Permanente de la CJCC. Sugirió que su participación podría aprovechar sus experiencias y conocimientos judiciales, facilitando el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas para abordar colectivamente desafíos compartidos.