El Ministerio Público alega que exministros y otros cometieron decenas de acciones ilícitas para beneficiarse económicamente.
Según los fiscales anticorrupción en la solicitud de medidas coercitivas presentada contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y otros 17 imputados, los altos funcionarios y otros implicados en el llamado “caso calamar” llevaron a cabo la mayor parte operación de lavado de activos, cometida en el menor tiempo, hasta la fecha, en perjuicio del patrimonio del Estado dominicano.
Precisan que estos individuos cometieron alrededor de 30 ilícitos para beneficiarse económicamente y desviaron más de 19 mil millones de pesos de fondos públicos, monto que supera con creces a los involucrados en otros casos de corrupción que se tramitan actualmente en los tribunales.
Según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados utilizaron el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Gestión de Bienes, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección Nacional del Catastro, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reserva como espacios operativos de la estructura criminal para defraudar y desfalcar al Estado dominicano y mantenerlo “rehén de la corrupción”.
La Pepca afirma que Donald Guerrero, como máxima autoridad en las instituciones no financieras, descentralizadas, y aprovechándose de sus facultades discrecionales, confabuló con altos funcionarios públicos para cometer actos de corrupción para desfalcar y defraudar al Estado en miles de millones de pesos, a través de múltiples maniobras fraudulentas realizadas desde el Ministerio de Hacienda.
Según la investigación del Ministerio Público, los acusados seleccionaron propiedades que habían sido declaradas de utilidad pública pero cuyos propietarios no habían recibido el pago justo por ellas, y luego utilizaron maniobras fraudulentas para obtener fondos del Estado.
Estos fondos luego regresaron a los miembros de la organización criminal en forma de grandes beneficios económicos. En su papel como Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en colaboración con otros funcionarios de alto rango, realizó procesos ilegales de deuda pública para desviar fondos del tesoro público para su beneficio personal, incluyendo el financiamiento de la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante los años 2019 y 2020.
La investigación revela que la red utilizó documentos públicos falsos, como actos notariales, para excluir a los herederos legítimos de las tierras, vulnerando sus derechos fundamentales. Asimismo, se estableció un esquema en el que profesionales del sector privado participaron en los procesos judiciales y administrativos para determinar herederos ilegítimos, obtener duplicados de títulos y constancias anotadas, fijar precios y valoraciones en tiempo récord y, de esta forma, crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas.
De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales, la red liderada por Donald Guerrero llevó a cabo el pago fraudulento de terrenos expropiados mediante la emisión de avalúos sin los debidos soportes técnicos ni registros correspondientes.
Además, se realizaron los pagos sin cumplir los requisitos necesarios para este proceso y sin verificar la calidad de los reclamantes. Los expedientes eran incompletos debido a la falta de actas de estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, y no se pagaron los impuestos sucesorales, entre otros aspectos importantes.
El artículo señala que los acusados también realizaron pagos irregulares a personas que no tenían ningún derecho registrado sobre la tierra expropiada al momento del decreto, y obligaron a los supuestos reclamantes a firmar cesiones de crédito a su favor con base en deudas imaginarias, como un sine qua non condición para el procesamiento de pagos.
También precisa que el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, recibió personalmente tres mil ochocientos doce millones de pesos por las irregularidades cometidas en el pago de expropiaciones de terrenos. Esto se debió a que era “el precandidato presidencial apoyado por el entonces presidente Danilo Medina”.
Según la investigación, la evidencia revela que hubo una clara intención de desviar los fondos malversados exclusivamente a la campaña del entonces candidato presidencial Gonzalo Castillo Terrero. La prueba muestra que Castillo recibió personalmente los fondos desviados en su oficina, y que personas de su confianza excepcionalmente recibieron los fondos.
Durante la campaña de Castillo, el imputado recibió millones de pesos del Estado dominicano sabiendo que los fondos eran de procedencia ilícita. Esta es una acción típica de financiamiento ilícito de campañas y lavado de dinero, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el PLD, según el Ministerio Público.
Según Pepca, José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, se reunió con el ingeniero Bolívar Ventura y le dijo que tenía que hacer un aporte a la campaña y que a cambio recibiría el pago de las deudas que le debía el Estado. Para coordinar esto, se le indicó que acudiera al ministro Guerrero.
Pepca afirma que acordaron que Ventura aportaría más de 500 millones de pesos. Para obtenerlos se reunieron Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo para desviar esa cantidad de dinero de los bienes del Estado.
Los fiscales afirman que los acusados lograron que Víctor Matías Encarnación Montero, quien era el director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) en ese momento, emitiera mediciones falsas de obras, incluso de aquellas que ya habían sido concluidas por las empresas de Bolívar Ventura.
Según el informe, estas mediciones falsas eran una estafa contra el Estado. Los fiscales también indican que los exministros, junto con otros dos imputados, desviaron grandes cantidades de dinero a través de estas mediciones falsas, las cuales se basaron en un reconocimiento de deuda que el constructor no había solicitado y se realizaron sobre una medición que no existía en realidad.
Según los fiscales, las operaciones presuntamente ocurrieron en 2019, pero la mayoría de los documentos relacionados con ellas fueron retroactivamente fechados en 2018. El propósito de esto era justificar el pago como una deuda pública, ya que una deuda del año 2019 no podía ser pagada bajo esa clasificación en el mismo año.
Además, los fiscales destacan la participación de Fernando Crisóstomo Herrera, quien supuestamente se encargaba de identificar casos que pudieran utilizarse para hacer reclamos de pagos, especialmente en relación con las expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
De acuerdo con la información presentada, Fernando Crisóstomo Herrera participó en el desvío de fondos públicos a través de acuerdos de cesión de créditos falsos y que los beneficios fueron entregados a Donald, Peralta y Castillo. Los terrenos expropiados se encontraban en varias ubicaciones en el país, incluyendo el Parque Nacional del Este (Cotubanamá) y una parcela donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
Según el documento, los fiscales identificaron que la presunta red de corrupción pudo haber desviado alrededor de RD$11,962,123,823.02 utilizando este método. Es importante destacar que, aunque las operaciones se llevaron a cabo en 2019, muchas de las documentaciones fueron antedatadas al año 2018 para justificar el pago como deuda pública.