El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, comparecerán hoy ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional en un intento por modificar las órdenes de prisión preventiva que les fueron impuestas.
A través de estas acciones judiciales, los exfuncionarios pretenden cambiar la medida coercitiva, argumentando que no representan riesgo de fuga ni entorpecen el proceso judicial.
El 4 de abril, la Coordinadora de Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Magistrada Kenya Romero, ordenó 18 meses de prisión preventiva en el penal de Najayo para José Ramón Peralta y Donald Guerrero por su presunta participación en la operación Calamar.
Destacados juristas han enfatizado que la prisión preventiva debe ser una medida extrema, utilizada como excepción y no como regla.
Con respecto a Donald Guerrero, su equipo de defensa ha sostenido que tiene fuertes lazos con la comunidad, lo que debería calificarlo para una medida coercitiva alternativa a la prisión preventiva. Aseguran que no presenta ningún riesgo de fuga u obstrucción del proceso judicial.
Señala la defensa que Guerrero ha comparecido sistemáticamente ante el Ministerio Público cada vez que ha sido citado, y que de manera voluntaria y proactiva notificó sus salidas y entradas al país durante más de dos años, sin restricción de movimientos. Argumentan que el cumplimiento total de Guerrero con más de 40 permisos y 13 interrogatorios, según lo atestiguado por el Ministerio Público, demuestra su postura cooperativa durante la investigación.
Según sus abogados, “Donald Guerrero no necesita estar en prisión para adherirse a los procesos judiciales, pues ya lo ha hecho en libertad por más de dos años”.
De conformidad con el artículo 234 del Código Procesal Penal dominicano, la prisión preventiva sólo debe aplicarse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar los objetivos del proceso penal.