La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reportó un importante aumento en la cartera de crédito de varios bancos al sector de la construcción, la cual subió RD$30,118 millones, o 44%, de RD$67,759 millones en 2022 a RD$97,877 millones al finales de 2023. Este crecimiento se atribuyó al aporte de fondos propios de múltiples bancos y a la liberación de recursos de encaje legal por parte de las autoridades monetarias para apoyar al sector de la construcción. Se canalizaron un total de 2.059 nuevos créditos, de 18.481 créditos vigentes al cierre de 2023.

La banca comercial representó el 82,8% de los fondos destinados al financiamiento de la construcción, según datos de la Superintendencia de Bancos. Estos acuerdos de financiación provisional, que se desembolsan gradualmente a medida que avanza la construcción, facilitan el suministro de nuevas propiedades para diversos fines, incluidos viviendas y uso comercial.

Además, la cartera de créditos hipotecarios aumentó en RD$35,944 millones, o 19%, alcanzando RD$226,541 millones al cierre de 2023, con 9,347 nuevos créditos que facilitaron la adquisición de viviendas. La distribución de los créditos hipotecarios incluía finalidades diversas como adquisición de vivienda, vivienda de interés social, segunda residencia o residencia vacacional y remodelación o construcción de vivienda. El sector bancario juega un papel crucial en la provisión de recursos para la adquisición de viviendas, representando el 65,8% de la cartera hipotecaria total del sistema financiero.

La ABA reafirmó el compromiso de la banca comercial de apoyar la construcción, adquisición y remodelación de viviendas a través de iniciativas de financiamiento como el programa Vivienda Feliz, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, la Asociación de Constructores y Desarrolladores de Vivienda (Acoprovi) manifestó su enfoque para 2024 en impulsar temas relevantes para el sector construcción, incluyendo eficiencia en los procesos de permisos, buenas prácticas constructivas, comercio inmobiliario, mejora de las condiciones financieras, Ley de Alquileres, la actualización del Reglamento de Edificación y Urbanismo, y la implementación de un Plan Decenal de Vivienda adaptado a las necesidades del sector.