La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a Ecuador a garantizar que su respuesta a la actual crisis de violencia relacionada con las pandillas sea «proporcionada y limitada a los requisitos de la situación». Haciendo hincapié en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, la portavoz de la oficina, Liz Throssell, afirmó que cualquier restricción impuesta debe adherirse a estos principios.
El uso de poderes y funciones de seguridad por parte de las fuerzas armadas debe ser excepcional, limitado en el tiempo y responsable ante la autoridad civil. Throssell destacó la importancia de que la Fiscalía General del Estado realice investigaciones transparentes e independientes sobre los recientes incidentes violentos, en línea con los estándares internacionales.
Al reconocer los desafíos de Ecuador en la lucha contra la violencia de las redes criminales transnacionales, el portavoz destacó la necesidad de que los derechos humanos sean centrales en las políticas que abordan las causas estructurales de la violencia.
El país ha declarado un estado de emergencia de 60 días y ha desplegado al ejército para hacer frente a lo que considera un «conflicto armado interno», tras incidentes que incluyen la toma de rehenes en varias prisiones.