A pesar de la tan esperada reforma destinada a implementar la Ley 63-17, el sistema de movilidad, tránsito y transporte de la República Dominicana aún no ha hecho la transición al modelo prometido. Seis años después de su promulgación, los cambios sustanciales esbozados en este marco legal siguen en gran medida sin implementarse, ya que transcurren los plazos sin su cumplimiento.
Esto a pesar de reconocer que «las actividades de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial constituyen uno de los principales problemas económicos, sociales y de salud de la República Dominicana», como se señala en el preámbulo del reglamento.
El artículo 339 de la Ley 63-17 ordena que dentro de los seis meses siguientes a la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y previa presentación del directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo emita alrededor de 32 normas. , posteriormente consolidado en 24.
Tobías Crespo, diputado y colaborador de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, analizó en entrevista los aspectos pendientes y evaluó los avances. Afirmó: «Los cambios estructurales aún no se han materializado; cuando estábamos discutiendo la ley, anticipamos que tomaría un promedio de cinco a siete años para presenciar estos cambios en las calles, donde los ciudadanos pudieran percibir el impacto».
Una de las áreas que se está quedando atrás es la transformación prevista del transporte terrestre de pasajeros, que sigue siendo ineficiente y costoso. Se han destacado varias acciones encaminadas a establecer un sistema de transporte colectivo y masivo para apoyar las estrategias de desarrollo.
Crespo destaca que el «desguace» de vehículos antiguos no se ha llevado a cabo de forma efectiva, y en muchas ocasiones estos vehículos son reubicados en otras rutas. «La ley exige que estos vehículos sean desguazados y no puestos nuevamente en circulación; no tiene sentido trasladar el problema de un corredor a otro».
En cuanto a la regulación, Crespo expresa su decepción por los avances logrados. «Nuestras aspiraciones eran que el sistema de transporte mejorara en términos de eficiencia y calidad, con vehículos en buen estado, horarios confiables, tarifas justas y una reducción de servicios costosos pero obsoletos, ineficientes, demorados y de mala calidad», señala. . .
Un asunto pendiente es la implementación del programa de Inspección Técnica de Vehículos, que, a pesar de haber sido declarado de interés público hace más de un año, aún no se ha materializado.
La Ley 63-17 también obliga a la Escuela Nacional de Educación Vial a formular políticas públicas de educación vial para crear conciencia y prevenir malas conductas relacionadas con la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. Crespo lamenta que aún no se haya iniciado la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Si bien existe un Observatorio Permanente de Seguridad Vial, Crespo subraya que el objetivo era reducir a la mitad las muertes por accidentes de tránsito para 2030. Para lograrlo, enfatiza la importancia de abordar factores de riesgo como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito. . En términos de muertes relacionadas con el tráfico, es crucial una regulación efectiva de las motocicletas, ya que representan el 68% de las muertes en accidentes de tráfico, como exige la ley.