El Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, anunció un plan piloto de seis meses de duración de la Semana Reducida, a partir del 1 de febrero.
El plan consiste en reducir la jornada laboral semanal de 44 a 36, con una reducción del 20% de la jornada laboral para tres meses, durante los cuales los empleados recibirán el 100% de su salario manteniendo la plena productividad.
Entre las empresas participantes se encuentran Claro, Imca, EGE Haina, Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Sistema Único de Beneficiario (Siuben). Se espera que participen más de 300 colaboradores y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra analizará puntos como la salud de los trabajadores, la conciliación, el ausentismo y el impacto ambiental.
El objetivo es evaluar el impacto en la productividad y el bienestar.
La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) expresó su apoyo al plan, destacando posibles beneficios como la reducción de la fatiga, el control del estrés, el aumento de la productividad y la ausencia de reducción salarial. Sin embargo, se observó cautela por parte de los empleadores debido a la preocupación por el impacto en los horarios.
El CNUS ha abogado durante mucho tiempo por una reducción de la jornada laboral en el código laboral, pero el sector empresarial se ha resistido, favoreciendo jornadas laborales más largas.